12/12/2007
Juan Carlos S. Velásquez Mejía
“…Estaba yo en el alto de semáforo donde se forma el cruce del Paseo Presidente Adolfo López Mateos y Presidente Benito Juárez García, a la altura de San Mateo Oxtotitlán, con dirección al centro de la ciudad, cuando repentina y violentamente se impacta en la parte trasera de mi vehículo otro que venía conducido por un tipo en estado de ebriedad. Eran apenas las cuatro de la tarde de un martes. Estaba yo en mi horario de trabajo y como soy vendedora de productos financieros, pues andaba en actividades de cobranza….
Todo cambió en unos segundos. El conductor, además de su imprudencia e irresponsabilidad, trató de darse a la fuga y en ese intento estuvo apunto de atropellarme junto con otras personas que se encontraban en el lugar quienes trataron de detenerlo y auxiliarme en esos momentos…”.
Esto es un fragmento de la crónica de un familiar que se vio involucrada en el mes de agosto pasado, en un accidente vial, al que todos los que manejamos un vehículo por las calles y caminos de este país, estamos expuestos, pero algo que me llamó poderosamente la atención fue la cantidad de trámites que debe uno de hacer lo que se traduce en tiempo improductivo y dinero que se pierde, en este caso, como víctima de un siniestro similar. Me explico
Los demás hechos se los pueden imaginar, mientras llegaron las autoridades de tránsito, y del seguro automotriz, la atención médica, el ministerio público, las grúas, etc., pero lo que ahora quiero destacar es precisamente los tiempos que se destinan a deslindar las responsabilidades y recuperar el vehículo que fue objeto del alcance de un ebrio evidente y quien en su momento fue detenido y valorado como tal por los peritos del servicio médico de la Procuraduría de Justicia.
Resulta que por el sólo hecho de haber sido partícipe de un choque en el que desde un principio la autoridad de tránsito se percató y determinó que mi familiar fue víctima de un inconciente conductor, se detuvo su automóvil por mas de tres semanas en el corralón de las grúas más abusivas que he conocido en esta ciudad, aunque creo que solo hay dos empresas que atienden estos casos y ambas están cortadas por la misma tijera.
Bueno además de que mi familiar se quedo sin su medio de transporte e instrumento de trabajo, lo peor fue que el golpe le ocasionó problemas serios de salud y estuvo hospitalizada prácticamente una semana e incapacitada mas de tres y como no trabajó, no tuvo la protección de un esquema de seguridad social que le ayudara a mitigar la falta de ingresos durante ese tiempo y ni la compañía del seguro automotriz, ni el responsable del accidente, ni la empresa para la que trabaja.,nadie dio la cara ante tal situación.
Por si fuera poco, se infraccionó la placa del automóvil, según se dijo por los agentes de tránsito, por que así lo establece el reglamento de tránsito vigente, otra barrabasada que tampoco fue atendida por el responsable de los hechos.
Por cierto, el proceso para liberar el vehículo de mi familiar y la placa que fue infraccionada estúpidamente, también llevó más de 3 semanas y lo desesperante es ambos trámites que atienden la Procuraduría de Justicia estatal y la Secretaría de Finanzas, en sus distintas oficinas, sigue sin modificarse.
Esto provoca una impotencia como ciudadano y más cuando se dice con muchas porras que los trámites oficiales ahora ya son más sencillos y rápidos, pero la realidad es diametralmente diferente y si no me creen quienes desde la comodidad de un puesto hacen declaraciones o tienen quien le haga las diligencias por su posición, los invito a que como cualquier otro ciudadano hagan una incursión y midan los tiempos y movimientos y las aún dispersiones físicas que se tienen para por ejemplo pagar una infracción de tránsito estatal y recoger una placa.
Yo creo que los responsables de mejorar el servicio al público deben de tener al menos un poco de sentido común y diseñar sus procesos como si ellos fueran los que los interesados.
Por razones de espacio solo les comento algunos ejemplos de esos trámites como el pago de las infracciones de tránsito; la liberación de los vehículos que arrastran las grúas; el reglamento de tránsito estatal y municipal; la tramitación de fraccionamientos habitacionales, subdivisiones, lotificaciones, entre otros, que seguramente nuestros amables lectores podrían agregar.
La simplificación administrativa y la desregulación económica debe ser una estrategia gubernamental permanente para impulsar el desarrollo de la entidad y los municipios para generar empleos bien remunerados, una participación ciudadana propositiva y abatir las prácticas de corrupción que minan la confianza del usuario en las instituciones, entre otras motivaciones.
Juan Carlos S. Velásquez Mejía
“…Estaba yo en el alto de semáforo donde se forma el cruce del Paseo Presidente Adolfo López Mateos y Presidente Benito Juárez García, a la altura de San Mateo Oxtotitlán, con dirección al centro de la ciudad, cuando repentina y violentamente se impacta en la parte trasera de mi vehículo otro que venía conducido por un tipo en estado de ebriedad. Eran apenas las cuatro de la tarde de un martes. Estaba yo en mi horario de trabajo y como soy vendedora de productos financieros, pues andaba en actividades de cobranza….
Todo cambió en unos segundos. El conductor, además de su imprudencia e irresponsabilidad, trató de darse a la fuga y en ese intento estuvo apunto de atropellarme junto con otras personas que se encontraban en el lugar quienes trataron de detenerlo y auxiliarme en esos momentos…”.
Esto es un fragmento de la crónica de un familiar que se vio involucrada en el mes de agosto pasado, en un accidente vial, al que todos los que manejamos un vehículo por las calles y caminos de este país, estamos expuestos, pero algo que me llamó poderosamente la atención fue la cantidad de trámites que debe uno de hacer lo que se traduce en tiempo improductivo y dinero que se pierde, en este caso, como víctima de un siniestro similar. Me explico
Los demás hechos se los pueden imaginar, mientras llegaron las autoridades de tránsito, y del seguro automotriz, la atención médica, el ministerio público, las grúas, etc., pero lo que ahora quiero destacar es precisamente los tiempos que se destinan a deslindar las responsabilidades y recuperar el vehículo que fue objeto del alcance de un ebrio evidente y quien en su momento fue detenido y valorado como tal por los peritos del servicio médico de la Procuraduría de Justicia.
Resulta que por el sólo hecho de haber sido partícipe de un choque en el que desde un principio la autoridad de tránsito se percató y determinó que mi familiar fue víctima de un inconciente conductor, se detuvo su automóvil por mas de tres semanas en el corralón de las grúas más abusivas que he conocido en esta ciudad, aunque creo que solo hay dos empresas que atienden estos casos y ambas están cortadas por la misma tijera.
Bueno además de que mi familiar se quedo sin su medio de transporte e instrumento de trabajo, lo peor fue que el golpe le ocasionó problemas serios de salud y estuvo hospitalizada prácticamente una semana e incapacitada mas de tres y como no trabajó, no tuvo la protección de un esquema de seguridad social que le ayudara a mitigar la falta de ingresos durante ese tiempo y ni la compañía del seguro automotriz, ni el responsable del accidente, ni la empresa para la que trabaja.,nadie dio la cara ante tal situación.
Por si fuera poco, se infraccionó la placa del automóvil, según se dijo por los agentes de tránsito, por que así lo establece el reglamento de tránsito vigente, otra barrabasada que tampoco fue atendida por el responsable de los hechos.
Por cierto, el proceso para liberar el vehículo de mi familiar y la placa que fue infraccionada estúpidamente, también llevó más de 3 semanas y lo desesperante es ambos trámites que atienden la Procuraduría de Justicia estatal y la Secretaría de Finanzas, en sus distintas oficinas, sigue sin modificarse.
Esto provoca una impotencia como ciudadano y más cuando se dice con muchas porras que los trámites oficiales ahora ya son más sencillos y rápidos, pero la realidad es diametralmente diferente y si no me creen quienes desde la comodidad de un puesto hacen declaraciones o tienen quien le haga las diligencias por su posición, los invito a que como cualquier otro ciudadano hagan una incursión y midan los tiempos y movimientos y las aún dispersiones físicas que se tienen para por ejemplo pagar una infracción de tránsito estatal y recoger una placa.
Yo creo que los responsables de mejorar el servicio al público deben de tener al menos un poco de sentido común y diseñar sus procesos como si ellos fueran los que los interesados.
Por razones de espacio solo les comento algunos ejemplos de esos trámites como el pago de las infracciones de tránsito; la liberación de los vehículos que arrastran las grúas; el reglamento de tránsito estatal y municipal; la tramitación de fraccionamientos habitacionales, subdivisiones, lotificaciones, entre otros, que seguramente nuestros amables lectores podrían agregar.
La simplificación administrativa y la desregulación económica debe ser una estrategia gubernamental permanente para impulsar el desarrollo de la entidad y los municipios para generar empleos bien remunerados, una participación ciudadana propositiva y abatir las prácticas de corrupción que minan la confianza del usuario en las instituciones, entre otras motivaciones.
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