18/febrero/2008
Juan Carlos S. Velásquez Mejía
Hace unos 18 años decía yo que si en unas elecciones, de las que aun se siguen practicando en nuestro país, sea para ayuntamientos municipales, diputados locales o federales, senadores, gobernadores, Presidente de la República, y la participación de los que tenemos derecho a votar era menor al 49% del padrón, entonces era casi un hecho que triunfara el PRI y mire usted lo que son las cosas, cuando en el año 2000 se registró una votación superior al 50% para elegir al titular del Ejecutivo Federal, el PRI perdió no solo la silla presidencial, si no la mayoría en el Congreso Federal.
Así podríamos encontrar otros registros de votaciones en que se superó esa marca del 49% de participación y salvo contadas excepciones en todas no ganó el PRI, ya sea solo o en alianza o coalición con otra u otras fuerzas políticas.
Eso cómo lo debemos de entender los electores.
En otros momentos he expresado que la Democracia en México es en realidad una Partidocracia y eso es parte de las razones por las que tenemos una participación tan limitada de los electores. (El pasado domingo 17 de febrero apenas el 30 % de los inscritos en el padrón de electores del Estado de Hidalgo cumplieron con su obligación)
Me explico: Durante más de 70 años el PRI se mantuvo en el poder con una marcada hegemonía nacional y se creo un especie de “garantía” de marca ya que quien era postulado por el partido tricolor, tenía la “certeza” de ganar en la contienda y no necesariamente por ser el mejor candidato(a) al cargo en disputa, sino por toda la estructura y organización que fue creando y consolidando para esos fines y además por el hecho de que quien organizaba las elecciones era el gobierno en turno, lo que significaba ser juez y parte.
A raíz del nacimiento esperanzador en 1990, por un lado, del Instituto Federal Electoral (IFE) con el propósito de dejar en manos de una entidad autónoma e integrada por ciudadanos la organización y calificación de los comicios federales y por el otro, años después, con la misma figura, de los institutos estatales para su ámbito territorial, la situación cambió diametralmente, ganándose la confianza de la mayoría de los votantes en la actuación del IFE y sus equivalentes estatales.
Sin embargo, apenas a 16 años de existencia del IFE y poco mas de 10 los estatales, estas instancias ya tenemos nuevamente otra crisis de credibilidad en las instituciones.
En la jornada electoral federal del 2 julio de 2006 se cometieron errores de forma y de fondo que nunca se supieron enmendar dando al traste con las divisas que toda relación humana civilizada debe tener para no romperse: Respeto; Confianza, Comunicación efectiva y Verdad.
Un día después, en aquella madrugada del 3 de julio, señalé que se había cometido “el error de julio” por el IFE y que eso traería consecuencias negativas a la insipiente “democracia mexicana” y a pesar de que se tuvo la posibilidad de rectificar para dar certidumbre a la participación histórica de los sufragantes que acudimos el 2 de julio a la casilla que nos correspondió, se prefirió actuar con criterios legaloides a poner sobre la mesa el recuento total de las boletas y se “justificó” el proceso con la apertura parcial de unas urnas, que si bien no fueron pocas, tampoco fueron todas. Se hizo a un lado el sentido común y les valió que digo yo un poco, ni siquiera nada la participación ciudadana.
Y fueron nuevamente los partidos políticos los que sustituyeron a los ciudadanos en estas decisiones que solo han minado la esperanza de que algún día podremos ser capaces de madurar la responsabilidad de ir a votar.
Ahora con la nueva norma y reglamentación del IFE realizada por el Congreso Federal y con el aval de la mayoría simple de las legislaturas estatales, tenemos a una institución carente de verdadera autonomía de actuación y si no basta recordar los acontecimientos recientes de la “renovación” de tres consejeros electorales, incluido el Consejero Presidente, mediante un proceso amañado en el que el ciudadano quedó marginado y solo fue espectador pasivo, cuando debimos haber sido nosotros, los que votamos, quienes escogiéramos a esos funcionarios electorales. Es decir que la partidocracia sigue siendo el fundamento del sistema político mexicano y eso de la democracia es solo para el discurso.
La dizque reforma electoral ya puso en su lugar al ciudadano:
Juan Carlos S. Velásquez Mejía
Hace unos 18 años decía yo que si en unas elecciones, de las que aun se siguen practicando en nuestro país, sea para ayuntamientos municipales, diputados locales o federales, senadores, gobernadores, Presidente de la República, y la participación de los que tenemos derecho a votar era menor al 49% del padrón, entonces era casi un hecho que triunfara el PRI y mire usted lo que son las cosas, cuando en el año 2000 se registró una votación superior al 50% para elegir al titular del Ejecutivo Federal, el PRI perdió no solo la silla presidencial, si no la mayoría en el Congreso Federal.
Así podríamos encontrar otros registros de votaciones en que se superó esa marca del 49% de participación y salvo contadas excepciones en todas no ganó el PRI, ya sea solo o en alianza o coalición con otra u otras fuerzas políticas.
Eso cómo lo debemos de entender los electores.
En otros momentos he expresado que la Democracia en México es en realidad una Partidocracia y eso es parte de las razones por las que tenemos una participación tan limitada de los electores. (El pasado domingo 17 de febrero apenas el 30 % de los inscritos en el padrón de electores del Estado de Hidalgo cumplieron con su obligación)
Me explico: Durante más de 70 años el PRI se mantuvo en el poder con una marcada hegemonía nacional y se creo un especie de “garantía” de marca ya que quien era postulado por el partido tricolor, tenía la “certeza” de ganar en la contienda y no necesariamente por ser el mejor candidato(a) al cargo en disputa, sino por toda la estructura y organización que fue creando y consolidando para esos fines y además por el hecho de que quien organizaba las elecciones era el gobierno en turno, lo que significaba ser juez y parte.
A raíz del nacimiento esperanzador en 1990, por un lado, del Instituto Federal Electoral (IFE) con el propósito de dejar en manos de una entidad autónoma e integrada por ciudadanos la organización y calificación de los comicios federales y por el otro, años después, con la misma figura, de los institutos estatales para su ámbito territorial, la situación cambió diametralmente, ganándose la confianza de la mayoría de los votantes en la actuación del IFE y sus equivalentes estatales.
Sin embargo, apenas a 16 años de existencia del IFE y poco mas de 10 los estatales, estas instancias ya tenemos nuevamente otra crisis de credibilidad en las instituciones.
En la jornada electoral federal del 2 julio de 2006 se cometieron errores de forma y de fondo que nunca se supieron enmendar dando al traste con las divisas que toda relación humana civilizada debe tener para no romperse: Respeto; Confianza, Comunicación efectiva y Verdad.
Un día después, en aquella madrugada del 3 de julio, señalé que se había cometido “el error de julio” por el IFE y que eso traería consecuencias negativas a la insipiente “democracia mexicana” y a pesar de que se tuvo la posibilidad de rectificar para dar certidumbre a la participación histórica de los sufragantes que acudimos el 2 de julio a la casilla que nos correspondió, se prefirió actuar con criterios legaloides a poner sobre la mesa el recuento total de las boletas y se “justificó” el proceso con la apertura parcial de unas urnas, que si bien no fueron pocas, tampoco fueron todas. Se hizo a un lado el sentido común y les valió que digo yo un poco, ni siquiera nada la participación ciudadana.
Y fueron nuevamente los partidos políticos los que sustituyeron a los ciudadanos en estas decisiones que solo han minado la esperanza de que algún día podremos ser capaces de madurar la responsabilidad de ir a votar.
Ahora con la nueva norma y reglamentación del IFE realizada por el Congreso Federal y con el aval de la mayoría simple de las legislaturas estatales, tenemos a una institución carente de verdadera autonomía de actuación y si no basta recordar los acontecimientos recientes de la “renovación” de tres consejeros electorales, incluido el Consejero Presidente, mediante un proceso amañado en el que el ciudadano quedó marginado y solo fue espectador pasivo, cuando debimos haber sido nosotros, los que votamos, quienes escogiéramos a esos funcionarios electorales. Es decir que la partidocracia sigue siendo el fundamento del sistema político mexicano y eso de la democracia es solo para el discurso.
La dizque reforma electoral ya puso en su lugar al ciudadano:
cero a la izquierda.
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